El Arbitraje Público del CIARD constituye un mecanismo especializado de solución de controversias derivadas de la contratación pública, mediante el cual las entidades del Estado y los contratistas someten sus disputas a la decisión definitiva de uno o más árbitros independientes, imparciales y altamente calificados, conforme a la normativa vigente aplicable y a los Reglamentos del CIARD.

El CIARD administra arbitrajes públicos garantizando transparencia, debido proceso, especialización técnica, celeridad y eficiencia, con estricto respeto a los principios que rigen la función pública, tales como legalidad, integridad, publicidad, predictibilidad y control.

Asimismo, el CIARD promueve el uso de herramientas tecnológicas, sistemas de trazabilidad y buenas prácticas institucionales, asegurando una gestión arbitral ordenada, segura y alineada con los estándares nacionales e internacionales, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la correcta ejecución de los contratos públicos.